Las sociedades auditoras como Deloitte deberían ejercer de garantía de que se cumple la ley, de que los datos de las cuentas anuales de las empresas son fiables y de que no existan conflictos de intereses. En caso contrario, debería cuestionarse la legalidad de las decisiones tomadas.
Todo comenzó en el año 2011 cuando Deloitte, con su firma, hizo posible que se produjera la controvertida salida a Bolsa del banco creado alrededor de Caja Madrid y Bancaja. Pero esas dudosas cuentas no sólo las aprobó la sociedad auditora, sino también el mismísimo Banco de España, que actúa como supervisor del sistema bancario español, y la CNMV le dieron el visto bueno para salir al parque. Y es aquí donde entran a escena los accionistas que confiaron en Bankia, BdE, CNMV y Deloitte a través de la compra de las acciones del banco. Las mismas acciones que en poco más de un año no valen prácticamente nada. Surgen muchas dudas sobre la posibilidad de que en sólo unos meses, el balance de la entidad sufriera un descalabro tan elevado como el que, a priori, se habría producido.
El mismo que hizo que la auditora se negase a avalar las últimas cuentas en la etapa de Rodrigo Rato. Sin embargo, esa negativa fue un simple retraso achacado en un principio, a la falta de resolución de algunos temas pendientes de discusión como créditos fiscales, y a las negociaciones que se estaban produciendo entre el banco y el BdE.
Una vez resueltos dichos temas, la auditora afirmó que no iba a haber ningún problema para avalar esas cuentas que atribuían a Bankia unos beneficios durante el año 2011 de 300 millones de euros.
Pero en menos de una semana, las negociaciones que mantenía Rodrigo Rato con Miguel Ángel Fernández Ordóñez no llegaron a buen puerto en esta ocasión, negándose la auditora a emitir su informe referido a las cuentas anuales de 2011,
El beneficio reportado por Bankia, superior a 300 millones se convirtió en pérdidas por 2.979 millones, al incluir los ajustes solicitados por el auditor, que forzaron la nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros, al dejar su capital al filo de la insolvencia .
Deloitte fue precavida en esta ocasión al negarse a firmar su informe concerniente a las cuentas de 2011 , sin que quede claro cuál fue el motivo que le llevó a hacerlo. Una de las razones podría ser que simplemente lo hacía en caso de que el BdE hiciera lo propio, como ocurrió durante la salida a bolsa de Bankia.
Esto da a entender que la opinión de la auditora no pintaba mucho en este embrollo organizado por los políticos. Además, durante esas semanas tenía lugar un fuego cruzado entre distintos bandos como son el FMI, UE, BCE, BdE y el Ministerio de Economía y Competitividad. A partir de lo que se decidiera entre dichas partes, Deloitte se vería supuestamente obligado a firmar. Recordemos un caso muy famoso de algunas características similares.
Arthur Andersen auditaba las cuentas anuales de Enron, una empresa energética de Houston con unos ingresos falsificados, y a pesar de ello firmaba los informes de auditoría sin ninguna salvedad. Las razones de ello eran de algún modo también políticas, ya que el presidente de Enron mantenía una relación de amistad con el gobernador de
Enron era además el mejor cliente de Arthur Andersen, por tanto tenía que hacer todo lo posible para que la relación con la empresa energética no se deteriorara. En el caso de Deloitte, Bankia era un cliente goloso pero los riesgos que asumía eran enormes debido a que el banco se encontraba en el punto de mira de todos los organismos nacionales y sobre todo internacionales. A pesar de todo, en lo que más coinciden ambos casos es en que los accionistas tanto de Enron como de Bankia fueron los peor parados, ocasionándoles unas pérdidas millonarias irrecuperables en periodos de tiempo muy cortos.
Ante esas pérdidas, los accionistas denunciaron a ambas auditoras. A Deloitte le presentaron una demanda ante los juzgados de lo Mercantil acusándoles de no haber “revisado y verificado correctamente” el balance del banco, incumpliendo las reglas de auditoría y sus deberes profesionales, y de haber ocasionado pérdidas a los accionistas. Sin embargo, en el caso de Enron a Arthur Andersen se le denunció y declaró culpable de obstrucción a la justicia por destruir documentos relacionados con su auditoría, lo que significó la inhabilitación para auditar a empresas públicas y su derecho a ejercer ante la SEC (Securities and Exchange Commission), lo que precipitó la inminente disolución de la empresa. Ante dicha disolución en el año 2002, Deloitte absorbió en España su equipo profesional de auditoría y de asesoramiento fiscal. Aún no sabemos cómo saldrá parado Deloitte de este escándalo pero una cosa está clara, las cosas pintan mal para la sociedad auditora.
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